-¡Agua va!-. Como en muchos festejos de estos días, parece que los partidos políticos han decidido refrescar sus discrepancias con el agua, concretamente con el modelo de gestión del agua. La oposición se opone en rotundo a la fusión de las Mancomunidades de Aguas de la Costa y del Condado en Huelva y el equipo de gobierno está empeñado en tramitarlo cuanto antes.
Está todo inventado, y estos pasos ya se han producido en otros lugares. AgBar es un modelo exitoso que ha ampliado sus fronteras a otros negocios. El Canal de Isabel II aglutina un patrimonio en activos realmente envidiable. Y mirando al entorno más cercano, la fusión de Emasesa y Aljarafesa está a dos pasos, generándose, con ello, la entidad que mayor volumen de activos y negocio tiene en Andalucía.
En estas idas y venidas de argumentos, acusaciones, y hasta descalificaciones, parece que se han olvidado de que, cualquiera de ellos, tiene que garantizar la mejor calidad del agua, el mejor servicio, al menor precio, pues consiste en llevar al ciudadano un bien esencial. Precisamente por eso se encargan entidades públicas de administrarlo.
Unos codician llegar a los puestos de gestión, pues, efectivamente, muchas sillas no son ocupadas por méritos propios. Otros hablan del precio del litro, diciendo que es barato en relación a otras comunidades y países. Algunos otros hablan de financiación y asunción de responsabilidades en la mejora de infraestructuras. Los pocos, de la calidad del agua en sí, y la gestión medioambiental de la misma. Pero no he oído, ni leído, a ninguno decir que la nueva macroMancomunidad que se va a crear, se va a beneficiar de las economías de escala, de la integración de servicios, de la optimización de activos y pasivos, que la entidad va a ser más eficiente y eficaz y que con ello, el ciudadano va a tener mejor calidad de agua, mejor calidad de servicio, menor coste en su bolsillo, mejor gestión medioambiental de pantanos, conducciones, menores pérdidas y menguas, montaje y mejora de pequeñas estaciones hidroeléctricas, mejora de los sistemas de captación de agua, conservación y adecuado uso de acuíferos subterráneos, control de extracciones ilegales, inversiones y proyectos de investigación en sistemas de captación de agua atmosférica, gestión más eficiente de las EDAR. Y que, en definitiva, el acceso a este bien esencial para la vida no tiene que ser motivo de su preocupación para el ciudadano.
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