Ley de aguas para Andalucía

El pulso sobre la futura Ley de Aguas en Andalucía que están manteniendo Junta de Andalucía y agricultores, va rebajando las pretensiones de ambas partes. A comienzos de septiembre, Asaja, presentó un informe de Javier Pérez Royo en el que además de cuestionar la "constitucionalidad" del traspaso de competencias sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, ponía en entredicho algunas partes del proyecto. La pérdida de privilegios de los grandes tenedores de fincas está detrás de las alegaciones.

Recordar que, el pasado mes de febrero se cerró el llamado “Acuerdo Andaluz del Agua” que allanaba el camino al proyecto de ley. Pero cuando ahora, el proyecto se envía al parlamento andaluz, más de uno ha percibido la importancia del texto: altera la prioridad en los usos del agua (ahora la agricultura usa el 80%), limita las concesiones a 20 años (ahora tienen una vigencia de 75 años), considera de dominio público los pozos de aguas privadas, se apoya en parámetros de creación de riqueza para favorecer usos industriales, pensando sobre todo en desarrollo de energías renovables (una planta termosolar de 50 megavatios necesita un hectómetro cúbico para refrigeración de turbinas. Ahora existen más de treinta proyectos de este tipo esperando).

El año pasado el nivel de los pantanos era relativamente bueno, lo que hizo que la Comisión de Desembalse del Guadalquivir aprobara para esta campaña una dotación mínima de 3.000 metros cúbicos. Ahora los embalses están al 38% de su capacidad. Los dedicados al riego al 30%. Vuelve a comprobarse que este recurso tan valioso como escaso puede ser la piedra de toque  del desarrollo económico andaluz, considerando que aún hay muchos anclados en antiguos derechos y procesos.

No consiste en tener acceso a mayor cantidad de agua y asegurarse su uso privativo, sino de destinar la disponible a los lugares y actividades más necesitados y donde su uso haga nuestro tejido productivo más competitivo. A alguno, la reforma agraria europea que se cae encima de Andalucía en tres años parece habérsele quedado en dique seco, nunca mejor dicho.

Ayer el consejo de gobierno de la Junta, decidió trasladar el proyecto al parlamento con el objetivo de aprobar la ley en "los primeros meses de 2010". Y la consejera Cinta Castilla se apresuró a pedir la colaboración de PP e IUCA. En realidad debo de leer que no hay fecha de aprobación y que el gobierno necesita la ayuda de los otros partidos para evitar que organizaciones afines se enroquen en la negativa al proyecto. La guerra para primavera, está servida.