Inmersión

Hasta agosto, tres meses es el plazo que se va a fijar hoy mediante decreto para que algunas empresas y empleados se reconozcan culpables. Culpables por ser partícipes de la economía sumergida, llevando a cabo trabajos sin haber registrado las altas en la Seguridad Social.

El discurso del gobierno es claro: pedir a las empresas que hagan emerger el empleo sumergido con el objetivo de generar ingresos para el Estado. A partir de agosto, la recaudación se mantendrá y aumentará gracias al endurecimiento de inspecciones y las sanciones.

Vuelve a olvidarse el gobierno de una de sus funciones clave y vitales, la de facilitador. Debe encargarse el ejecutivo de crear las condiciones necesarias para que los empresarios emprendan proyectos, generen riqueza y empleo. Debe encargarse el gobierno de garantizar el derecho al trabajo de todo aquel que así lo desee.

La PYME española es laque tiene menor acceso a la financiación de toda la Unión Europea. El entorno no es propicio. El empresario debe echarle coraje e imaginación para poder acometer sus proyectos sin generarse compromisos y obligaciones que lo estrangulen. Aún muchos están pagando los créditos que tuvieron que solicitar para hacer frente a los despidos. Se impone la obligación de la negociación dura con los proveedores y trabajadores si se pretende sobrevivir.

La sociedad trabajadora española ha palpado que el estado de bienestar puede haber tocado techo y no está dispuesta a renunciar a unos derechos que también ha costeado. El trabajador desempleado no va a renunciar a una prestación que a buen seguro no podrá volver a solicitar, a cambio de una retribución en muchos casos similar a lo que percibe por el desempleo.

Claro que se ha generado economía sumergida y empleo subterráneo. Las condiciones actuales de mercado así lo aconsejan. El empresario de esta manera tiene mayor libertad para negociar con sus proveedores de servicios (los trabajadores) y puede también destinar los recursos disponibles de forma completa al trabajador. El empleado comete, al fin y al cabo, el enorme crimen de intentar completar sus ingresos con trabajos más o menos eventuales, esporádicos o a tiempo parcial sin tener que renunciar a un derecho adquirido.

Debería el gobierno ahorrarnos a todos el periodo de carencia (ya que no se le puede llamar amnistía) de tres meses. Los señuelos que han puesto son demasiado débiles y evidentes, las empresas y trabajadores no van a reconocer sus culpas con promesas de ciertos favores. Y hay un colectivo afectado más. Los que han estado y están pagando religiosamente sus cuotas de seguridad social y sus impuestos, qué se les va a decir a esta gente. Para ellos tiene que ser el premio.

El que ha estado operando dentro de la legalidad, con este tipo de regularizaciones que hoy va a poner en marcha el gobierno se siente estúpido. Aplicando sentido común va a llegar a la conclusión de que ha estado haciendo el canelo, y durante una buena temporada, quizás tres meses, se estará repitiendo que la próxima vez, cuando así lo dude y lo necesite el que cogerá aire y se sumergirá, será él.