Unos más que otros

Van a subir el IVA. Ahora no se habla del tema, no es el momento, pero la liquidez del estado van regular, es necesario poner en marcha medidas que favorezcan ingresos rápidos, y el IVA es uno de los grandes caminos, sobre todo, porque al gravar la actividad económica, es directamente proporcional a la capacidad de hacer frente al pago, es decir, van a pagar más los que más dinero muevan. De otro lado, seguimos teniendo uno de los tipos más bajos del entorno, aún hay margen para aumentar un par de puntos los tipos.

No se dice sin embargo que la presión final del IVA la soporta el consumidor final, las personas de a pie que adquieren los productos y servicios, porque el aumento del gravamen del IVA se va a traducir de manera directa en una subida de precios, lo que unido al estancamiento del nivel de salarios, la medida no hará sino empeorar la situación de muchos, demasiados hogares.

De otro lado, el aumento de la presión fiscal hará crecer de nuevo los índices del fraude fiscal. No van a ser pocos los que eviten la facturación como vía para ahorrarse unos euros (el consumidor) y más euros (el pequeño empresario). Al fin y al cabo buscan su viabilidad, su futuro, su pan. Es una actitud reprochable, pero no criminalizable.

Pocas cosas más pueden hacerse, argumentan los responsables de la maniatada política fiscal española. Tampoco es tan cierto, algunos datos quizás ayuden a aclarar las ideas. El 25% de las transacciones en España no cumplen los compromisos fiscales, es decir, uno de cada cuatro euros que se mueven en este país se hacen como economía sumergida.

Eso supone que, cada año, son unos 89.000 millones de euros que se evaden mediante fraude fiscal en España. Ahora bien, se calcula que el 72% ellos, unos 64.000 millones de euros es achacable al fraude realizado por las grandes corporaciones y familias del país.

Sin embargo, el 80% de los recursos de inspección fiscal en estos momentos se dirigen al pequeño contribuyente (empleados, autónomos, pymes). Si, el 80% del cuerpo de inspectores están al 27% de la cifra estimada de fraude. La desproporción es evidente, la discriminación aberrante.

Tras 30 años de democracia no existe ningún informe oficial sobre economía sumergida. Hasta el año pasado, Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social no compartían sus bases de datos. Aún hoy, un inspector fiscal de la agencia tributaria estatal no puede conocer si un contribuyente tiene deudas con las administraciones autonómicas o locales.

Un antigüo eslogan decía que hacienda somos todos, aunque parece que todo apunta a que la estructura y el funcionamiento del sistema está haciendo que unos más que otros. Algo, mucho se puede hacer.