Puede que el titular sea excesivo, pero la vida
también lo es. Desde hace unos días, desde el sábado que se publicó en el BOE
la reforma de la ley de costas, ahora llamada, “Ley de Protección y UsoSostenible del Litoral”, Isla Cristina
tiene el dudoso honor de estar en la lista de los diez núcleos amnistiados por
dicha ley.
Amnistía, según el diccionario de la lengua española es “Olvido
legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”, o sea, que
Isla Cristina, o sus autores, cometieron algún delito que el gobierno actual
tiene a bien olvidar. Y yo, que me tengo por isleño, rápidamente empecé a
preguntarme que semejante vileza habrían cometido mis antepasados para que
ahora el gobierno les de por perdonarles.
Según la ley publicada el sábado, Isla Cristina pertenece a
una privilegiada lista de diez enclaves españoles que acaban de dejar de ser de
dominio público marítimo-terrestre. No hay informe técnico que explique por
qué, tampoco que tienen en común esos diez enclaves y no otros (También están
la ría de Punta Umbría, la barriada del Palo y el Pedregalejo de Málaga, El
puerto de Santa Pola, Rocafel en Alicante, Oliva en Valencia, la Playa de Aro,
Empuriabrava y Formentera).
Amnistiados de la ley en definitiva ya es oficial. La
siguiente pregunta entonces que debo hacerme es sobre si eso es malo o bueno.
Dado que es una ley de protección y uso sostenible del litoral, sólo por el
titulo, debo pensar que es malo pues quizás la exclusión de la ley quiere decir
que en Isla Cristina y los otros 10 puntos ya no es necesario o es mejor no
llevar a cabo esa protección y uso sostenible del litoral. O sea, a priori la
amnistía es un privilegio.
Para no quedarme en el título, profundizo en el texto de la
ley, compruebo que es la reforma de la ley de costas y que el ministro Arias
Cañete, como avisó hace meses y empecinado él, ha conseguido llevar a la
práctica. Estudio la ley y compruebo que salvo, la muy bien deletreada por la
ministra portavoz, “cláusula antialgarrobico”, el resto del texto es realmente
triste para el litoral pues concede de facto una prórroga de 75 años más a las
construcciones ilegales del litoral, permite la compraventa de viviendas
ilegales en el litoral, ofrece menos protección al reducir la servidumbre en
las rías, permite más industria, deja a juicio de los ayuntamientos los planes
de urbanización en la costa, excluye del dominio público las dunas artificiales
y las dunas muertas (eso es medio Doñana), excluye del régimen de dominio
público a las salinas y las plantas de acuicultura, se permite la actividad y
la ampliación de los chiringuitos, incluso define diferentes tipos de playas.
Concluyo que el título de la ley es una tomadura de pelo en si misma.
El casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo han
quedado excluidos de la ley, amnistiados, y no le son de aplicación sus
preceptos de la norma, es un “núcleo tradicional al que no se le había dado
respuesta”, ha dicho el secretario de estado de medio ambiente. Tampoco se bien
a lo que se refiere el Sr. Ramos porque no era yo consciente de que se hubiese
estado esperando una respuesta más allá del consabido revolcón que se ha
llevado el último PGOU isleño en los tribunales.
Siempre consideré una virtud eso de que mi pueblo estuviese
al borde del mar, presumía de ello y era uno de los principales atractivos que
encontraban mis oyentes cuando les hablaba de Isla. Ahora es un casco urbano
amnistiado, es decir, el gobierno no va a demolerlo en los próximos 75 años.
Supongo que, en contraposición, a algún insensato con cierto poder se le había
ocurrido hacerlo. Menos mal que está el Sr. Arias Cañete para protegernos, ¿aún
no tiene calle en el pueblo? Ya estamos tardando.
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