20%

El retraso, cualquier retraso en el pago de las obligaciones con la seguridad social y agencia tributaria tiene ahora un recargo del 20%. Sobre el importe a pagar, si no se llega a tiempo, un 20% adicional al día siguiente.

Cierto que no está bien lo de apurar, improvisar y andar por la vida arañando segundos. Lo que no tengo del todo claro tampoco es que sea justificado que se imponga una medida recaudatoria tan sesgada hacia el pequeño contribuyente y la pequeña empresa que son los verdaderos sujetos pasivos de esta medida.

Con independencia del juego sucio por el que, en mi opinión, ha optado el legislador, esta medida tiene una consecuencia indirecta que es fundamental que aflore.

Porque la mayor parte de los tributos se pagan en las oficinas de las entidades financieras. En demasiadas ocasiones, el pago a tiempo de seguros sociales e impuestos depende de la liquidez de la empresa y de otros cobros que no les llegan y que les impiden hacer frente a sus obligaciones.
En este escenario resulta fácil que la entidad financiera inyecte liquidez al sujeto pasivo a cambio de un interés, de un coste financiero.

Que la administración pública imponga un precio ineludible del 20% por el retraso abre la posibilidad a que las entidades financieras puedan subir sus precios hasta ese límite. A igualdad de precio, las empresas siempre estarán dispuestas a asumir el coste financiero a cambio de no marcar su expediente oficial y que aparezcan durante seis meses como no fiables fiscalmente, impidiéndoles acceder a concursos públicos; o simplemente se abra la puerta a las temidas inspecciones fiscales.

Con esta medida, el legislador tributario aplasta al contribuyente y da alas a las entidades bancarias. Se le siguen complicando las cosas a aquellos que quieren trabajar con transparencia y honestidad.