Para tener un punto de partida común, lo más oportuno
puede ser comenzar por una experiencia cierta. El Fondo para la Defensa del
Medio Ambiente, tuvo que pelear y pelear a finales de los sesenta para
conseguir que su demanda judicial para prohibir el DDT fuese admitida a
trámite. Era un producto útil, reconocido y permitido por las leyes.
La bondad del sistema normativo tiene tres grandes
restricciones: el marco estatal, el conocimiento y el poder de los intereses.
Dado un modelo de estado y un espacio temporal, los condicionantes esenciales
son el grado de desconocimiento de variables exógenas, gran parte de ellas
desconocidas, y el empuje que intereses fácticos y económicos ejercen sobre el
legislador.
Podemos estar utilizando en nuestros campos, en nuestros
mares, en nuestras ciudades, en nuestros hogares productos con un alto
potencial de toxicidad y que estén pasando por inocuos. Véase la noticia del césped artificial de hace unos días. Que lo permita la ley no supone que
estemos eximidos de riesgo.
Es cierto que sería una locura vivir en la inseguridad
permanente, es necesaria una confianza básica a nuestros suministradores de
productos diarios, pero igualmente es necesario reconocer que es necesario priorizar
los mecanismos que nos faciliten un mundo más sano.
Y por qué somos tan torpes que diseñamos y usamos
productos que pueden volverse en nuestra contra? Veamos. El ámbito de la
investigación empresarial tiene dos criterios fundamentales hoy: rapidez en
llevar la innovación al mercado y rentabilidad a corto plazo. La ética y los
principios que suelen velar por la seguridad parecen quedar circunscritas al
laboratorio. Con esos patrones de funcionamiento de la investigación, acólitos
de los requerimientos del mercado y la rentabilidad financiera, puede llegarse
a suponer que efectos de segundo o tercer nivel no estén suficientemente tenidos
en cuenta.
La innovación es llevada a cabo por empresas
supranacionales, que han evolucionado más rápido y más ágilmente que los
estamentos públicos de nivel superestatal. Las grandes empresas siempre encuentran
rincones del planeta donde hacer pruebas piloto.
Dado el poder de la tecnología humana, debería ser
obligatorio que esa balanza de coste/beneficio se utilizase en términos de
equidad interterritorial e intergeneracional.
Es absurdo renegar del avance tecnológico, pero si es de
justicia exigir que el mismo sea utilizado en beneficio de todos, los que somos
y los que seremos. Los estados como garantes de la sociedad tienen que acelerar
el paso y apretar los dientes porque ahora, los intereses de poder y económico
de unos pocos, les están ganando de calle.
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