Mariano Rajoy, Arias Cañete y García Tejerina en la
Inauguración de las jornadas Juntos por El Clima celebradas los días 25 y 26 de Mayo, han apostado por una ley de
cambio climático del estado español como herramienta para mitigar los efectos
nocivos de la acción humana sobre el clima.
Es mentira. No lo harán. No contribuirán a paliar el mayor daño de todos los tiempos causado por el hombre al planeta.
Los antecedentes desde luego no
son nada esperanzadores. El primo de Rajoy seguirá trabajando en sus idóneas tesis, y el presidente le seguirá haciendo caso. Los negocios de
Cañete con los combustibles fósiles siguen rentando, y la conexión de García Tejerina
con la industria química, en vigor.
Aunque no se trata de eso. Al fin y al cabo, todo ello, no dejan de
ser muestras y vías por las que ellos consiguen su propio desarrollo sostenible. Aunque
duela, son hechos que demuestran su propia coherencia con lo que entienden
prioritario, el beneficio económico a corto plazo.
Los que llevan apostando desde hace décadas por un
neoliberalismo económico no pueden, no saben, no quieren dar un giro de 180 grados, nadie puede
creérselo. Crear una ley de cambio climático liderada por los creyentes de
crecimiento económico supondría el secuestro del futuro para todos. Maquillar
de verde ciertas acciones políticas no podemos permitir que les sirva de
justificante. Sería un insulto y un desprecio a los ciudadanos actuales y
futuros.
Si de verdad consideraran que hay que cambiar el rumbo,
habrían anulado ya el impuesto al sol, permitirían el autoconsumo energético,
penalizarían la energía nuclear y fósil e incentivarían la renovable. Si de
verdad creyesen que hay que tomar medidas, habrían puesto en marcha una reforma
fiscal verde que penalice a los contaminantes, a los emisores de residuos y GEI
e incentivase la innovación, la eficiencia y la resiliencia.
Si pensaran que
hay que hacer algo, habría una apuesta decidida por la territorializacion de la
riqueza, fortaleciendo la agricultura y la ganadería ecológica, la distribución
y compra de proximidad y de temporada, minorarían el despilfarro energético y
alimenticio, mejorarían la gobernanza, apostarían por el medio rural. Harían cumplir las leyes de conservación ya existentes, revisarían las leyes de gestión de Espacios Naturales Protegidos. Si
creyesen que el cambio climático es un problema real, optimizarían el uso de
recursos hídricos, la red de transportes públicos, rechazarían el TTIP, no pondría vallas y cuchillas en las fronteras ni patrulleras en el mar para controlar la inmigración.
Si el gobierno quisiese apostar y contribuir a frenar el cambio climático,
tendría que dejar su obsesión por el PIB y mirar hacia la desigualdad, la pobreza, el
despoblamiento rural, las bolsas de marginalidad, la dignidad de los
ciudadanos para que puedan vivir en el lugar del mundo donde hayan tenido la suerte de nacer. Si se lo creyese, el gobierno trabajaría más en diseñar estrategias políticas que mejorasen la distribución de la riqueza y la igualdad en el acceso a los servicios públicos de calidad.
Mientras todo esto no sea una prioridad, una hipotética
ley de cambio climático no será más que una excusa para poder seguir saliendo
en los plasmas y en las cumbres internacionales.
El cambio climático es un asunto demasiado grave como para
dejar que se apropien el discurso, como para dejar que nos tomen el pelo, como
para condenar la vida de las próximas generaciones.
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