Fue recogido en el estatuto, tomar las riendas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, primer gran hito. Ahora se acomete una fase de desarrollo que resultará crucial en los próximos años. Como primer paso, llegará al parlamento en primavera la Ley Integral del Agua, la cual, fijará como cláusula, desde ya, polémica, la fijación de un precio único para el agua en toda Andalucía.
A medio plazo se estipulará una restricción a las concesiones y dotaciones de las zonas de regadíos, que serán reajustadas en base a la aplicación de técnicas modernas de riego, independientemente de que se haya llevado a cabo o no la modernización de las infraestructuras.
Cinta Castillo, ha enviado una advertencia al sector “Si los agricultores no modernizan sus regadíos tendrán menos agua”. A continuación lo suaviza, y dice que se pondrán en marcha programas de I+D+i, y se establecerán ayudas para los regantes y comunidades que quieran mejorar su eficiencia.
El borrador de la ley, incluye la congelación de nuevas licencias a los sistemas de explotación deficitarios (la gran mayoría en la actualidad). Así pues, tras el anuncio de la consejera, se abre una importante veda, la de obtener el máximo número de licencias y caudales antes de la entrada en vigor de la ley. Con este panorama, a las más de 400.000 has que han entrado en regadío en los últimos 15 años, gracias a los programas europeos, deberemos unir ahora, las que temerán quedarse fuera de las normas que se fijan en la futura ordenanza, esas, a las que la consejera, ha tenido la cortesía de avisar con bastante antelación para que abran sus pozos antes que se active la nueva horma, más estrecha.
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