Andalucía necesita más que
nunca dotarse de un nuevo modelo productivo. La debilidad estructural del actual,
es notoria, supone sólo el 13% de la
producción nacional cuando le correspondería el 16%, en relación a la
población.
El despliegue de políticas sociales
que ofrezcan de forma eficiente unos servicios educativos, sanitarios, de
dependencia y de cobertura de necesidades básicas, requieren de la generación
de recursos para financiarlas. Esa riqueza tiene que proceder de iniciativas
empresariales privadas que incorporen empleo y valor añadido.
Conseguir hoy el fortalecimiento
del tejido productivo andaluz requiere la alineación de tres factores
cruciales: la racionalización del sector público y, por ende, la reducción y
agilización de los trámites burocráticos, el acceso a la financiación a precios
ajustados y la máxima competitividad en los mercados finales.

Los costes de la Administración,
según el profesor Eduardo Gamero, catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Pablo de Olavide, ascienden a un 3,6% del PIB en la UE, y en
España, la cifra sube al 4,6%, unos 40.000 millones de euros al año que van
destinados exclusivamente a cumplir formalidades administrativas.
El entramado administrativo y
su complejidad ejercen un importante efecto disuasorio sobre la cultura
emprendedora, que se convierte en una auténtica carrera de obstáculos en forma
de costes y tiempo. La carga administrativa es un coste intrínseco que reduce
la competitividad de los proyectos.
El resultado lo vemos
reflejado, trimestre a trimestre, en la tendencia de la economía andaluza. Los
últimos datos publicados por el Instituto Andaluz de Estadística sobre el nivel
de confianza de las empresas indican que el empresariado andaluz está
convencido de que la situación continuará empeorando en 2014.
Hay caminos para mejorar esta
situación. Poner en marcha una simplificación efectiva y real de los trámites
burocráticos, que los acorte en número y tiempo, reconocer las singularidades
de la pequeña industria y poner en funcionamiento un marco general de la
declaración responsable, similar al modelo anglosajón, podrían ser avances
decisivos.
La financiación para realizar
inversiones, para soportar el circulante, para tener liquidez y operar, es
básica en cualquier sector de la producción. Dejar al tejido empresarial sin
financiación es como dejarlo sin flujo sanguíneo. Ideas ilusionantes,
factibles, rentables esperan una financiación imprescindible para su puesta en
marcha. Según el empresariado andaluz, el factor que más limita la marcha de su
negocio, junto a la debilidad de la demanda, es la falta de crédito (47,80 %).
En Andalucía se ha reducido en
los últimos tres años un 6,6% el volumen de créditos al sector privado. Las
condiciones de acceso al crédito se vuelven más rígidas y gravosas cada día que
pasa.El saneamiento del sistema bancario, puesto como prioridad política, está
estrangulando a otros sectores. El
volumen de activos inmobiliarios en poder del sector financiero es inmenso, su proceso
de recapitalización es lento, el efecto lo sufren familias y empresas.
A la excesiva burocracia y la
escasez de crédito citados hay que añadir que aún no hemos sido capaces de poner
en valor nuestro tejido empresarial, compuesto esencialmente por entidades de
reducido tamaño, un 96,36% de las empresas andaluzas tienen menos de 10
trabajadores. Las conocidas reducciones de plantilla no hacen sino agravar esta
tendencia.

Al frente de las pequeñas
empresas hay personas luchadoras, trabajadoras, tenaces, capacitadas,
dispuestas a poner todo su empeño para lograr el éxito de su proyecto que por
extensión, será el de su familia, su pueblo y su comunidad. No convirtamos su
vida en una permanente carrera de obstáculos. Facilitémosles los trámites, dotémosles
de financiación, ellos sabrán llegar al mercado y ser competitivos. Andalucía
no puede esperar, sus empresas tampoco.
(Tribuna publicada en los diarios del grupo Joly el 6.Ene.14, firmado por Francisco Casero, Ramón Iglesias y Antonio Aguilera)
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